La constante dependencia que posee chile en materia recursos energéticos ha abierto nuevamente el debate entre los estudiosos del tema. La carencia de recursos primarios como el gas natural, carbón y petróleo me ha llevado a desarrollar este estudio que tiene por finalidad determinar cual es factibilidad de diversificar la matriz energética en Chile, considerando que el 72% de la energía que se utiliza en las industrias y hogares proviene del exterior siendo el diesel el más importante.
La imperiosa necesidad de disponer de una política energética sustentable surge frente a las declaraciones o aspiraciones de las autoridades nacionales de que Chile será un país desarrollado al año 2010. Frente a estas afirmaciones cabe plantearse serias interrogantes.
En efecto, existirían situaciones que parecieran desmentir la posibilidad de alcanzar dicho objetivo: En primer lugar, la crisis eléctrica de los años 1998-99 y la grave amenaza de que estas crisis se hagan recurrentes estarían atentando contra la sustentabilidad de un modelo económico basado en la apertura unilateral de nuestro comercio exterior.
Por otra parte, los impactos ambientales y el permanente rechazo de grupos ciudadanos a los megaproyectos energéticos estarían revelando la insuficiencia de las políticas ambientales y la falta de adecuados canales de participación ciudadana informada.
Por último, la elevada y creciente dependencia energética del exterior -actualmente un 72% de nuestros requerimientos son satisfechos desde el exterior, estimándose que dentro de la década dicha dependencia alcanzará a 80%- comprometiendo nuestro desarrollo, más aún en un mercado en que los precios presentan una clara volatilidad, la mayoría de las veces determinada por razones políticas.
Una política energética sustentable debe estar inserta en un proyecto de país. Si bien algunos de las exigencias que se plantean a continuación pudiesen escapar del marco limitado de una política energética, se puede afirmar que quienes trabajan en este campo no pueden marginarse del esfuerzo por definir algunos de los componentes de este proyecto.
Es así como una política energética no debe renunciar a un cuestionamiento de los patrones de consumo y producción; a integrar la variable energética en la política ambiental; a participar en la concepción de una estrategia de desarrollo urbano y de una política de transportes sustentable; a incorporar efectivamente la calidad térmica y ambiental de la edificación en la política de viviendas (explotando las potencialidades de las ordenanzas municipales); a asegurar el abastecimiento de electricidad y combustibles al conjunto de la población; y diversificar la matriz energética e incorporar el uso eficiente de la energía como una opción estratégica de la política energética.
Propuestas:
Una redefinición del rol del Estado hacia una vinculación estrecha, entre otras, con las políticas ambientales, de desarrollo urbano, de transporte y de viviendas. A cambios en los esquemas regulatorios esfuerzos reales por diversificar la matriz energética con la finalidad de reducir los obstáculos a la integración de los principales sistemas eléctricos del país y a la integración energética regional redefiniendo el rol de la planificación del sector energía.
La imperiosa necesidad de disponer de una política energética sustentable surge frente a las declaraciones o aspiraciones de las autoridades nacionales de que Chile será un país desarrollado al año 2010. Frente a estas afirmaciones cabe plantearse serias interrogantes.
En efecto, existirían situaciones que parecieran desmentir la posibilidad de alcanzar dicho objetivo: En primer lugar, la crisis eléctrica de los años 1998-99 y la grave amenaza de que estas crisis se hagan recurrentes estarían atentando contra la sustentabilidad de un modelo económico basado en la apertura unilateral de nuestro comercio exterior.
Por otra parte, los impactos ambientales y el permanente rechazo de grupos ciudadanos a los megaproyectos energéticos estarían revelando la insuficiencia de las políticas ambientales y la falta de adecuados canales de participación ciudadana informada.
Por último, la elevada y creciente dependencia energética del exterior -actualmente un 72% de nuestros requerimientos son satisfechos desde el exterior, estimándose que dentro de la década dicha dependencia alcanzará a 80%- comprometiendo nuestro desarrollo, más aún en un mercado en que los precios presentan una clara volatilidad, la mayoría de las veces determinada por razones políticas.
Una política energética sustentable debe estar inserta en un proyecto de país. Si bien algunos de las exigencias que se plantean a continuación pudiesen escapar del marco limitado de una política energética, se puede afirmar que quienes trabajan en este campo no pueden marginarse del esfuerzo por definir algunos de los componentes de este proyecto.
Es así como una política energética no debe renunciar a un cuestionamiento de los patrones de consumo y producción; a integrar la variable energética en la política ambiental; a participar en la concepción de una estrategia de desarrollo urbano y de una política de transportes sustentable; a incorporar efectivamente la calidad térmica y ambiental de la edificación en la política de viviendas (explotando las potencialidades de las ordenanzas municipales); a asegurar el abastecimiento de electricidad y combustibles al conjunto de la población; y diversificar la matriz energética e incorporar el uso eficiente de la energía como una opción estratégica de la política energética.
Propuestas:
Una redefinición del rol del Estado hacia una vinculación estrecha, entre otras, con las políticas ambientales, de desarrollo urbano, de transporte y de viviendas. A cambios en los esquemas regulatorios esfuerzos reales por diversificar la matriz energética con la finalidad de reducir los obstáculos a la integración de los principales sistemas eléctricos del país y a la integración energética regional redefiniendo el rol de la planificación del sector energía.
